Posteado por: FILATINA | 2 noviembre, 2012

BASTA DE TRATA, NO A LAS MAFIAS DE LA PROSTITUCIÓN; NI PROXENETISMO NI ESCLAVITUD,

  • BASTA DE TRATA, NO A LAS MAFIAS DE LA PROSTITUCIÓN; NI PROXENETISMO NI ESCLAVITUD, NO.www.bastadetrata.wordpress.com

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    Blog de denuncias de trata, informaciones, investigación y acción de FILATINA.
  • La Alameda solicita intervención de la Procuración General de la Nación contra la reapertura de “Las Casitas” de Rio Gallegos.
    de Gustavo Vera, el El jueves, 1 de noviembre de 2012 a la(s) 14:02 ·
    La Fundación la Alameda presentara mañana una denuncia ante la Procuración General de la Nación denunciando a la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que dió luz verde para la reapertura de los prostíbulos de Rio Gallegos conocidos como “Las Casitas” que fueran oportunamente clausurados por la Jueza Federal Alvarez luego que nuestra organización probará allá el proxenetismo, la trata y el tráfico de mujeres y niñas.

    Buenos Aires, 1 de noviembre de 2012.

    Señor Procuradora General de la Nación:
    Dra. Alejandra M. Gils Carbó
    S. / D.-
    Gustavo Javier Vera, en su carácter de presidente de la Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo, con domicilio en Av. Directorio 3998, con el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF), fijando domicilio a los efectos legales que pudieran corresponder en Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.E. dicen respetuosamente:

    El 29 de abril de 2009 formulamos una denuncia ante la Procuración General de la Nación a los fines de que se investigara la conducta de los responsables de la red de prostitución que operaba en la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz y sus eventuales cómplices y encubridores. Esta denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal de la mencionada Ciudad, a cargo de la Dra. Ana Cecilia Alvarez.
    La denuncia original derivada por el entonces Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi a la justicia federal de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, produjo, merced a la eficaz actuación de la Fiscalía a cargo de la Dra. Patricia B. Kloster y del Juzgado Federal de esa Ciudad, a cargo de la Dra. Ana Cecilia Alvarez, una numerosa cantidad de allanamientos y se clausuraron los prostíbulos sitos en el barrio General Belgrano, popularmente conocido como “Las casitas” en el marco de la investigación de hechos presuntamente vinculados con los delitos de trata de personas y de reducción a servidumbre o condición análoga. La clausura de los locales donde presuntamente se ejercía la prostitución o se incitaba a ella se efectuó en virtud de las disposiciones de la ley 12.331 (arts. 15 y 17)
    .
    Posteriormente la Fundación “La Alameda” aportó nuevas pruebas en torno a otros locales de similares características en razón de haberse percibido un desplazamiento de la referida actividad criminal hacia otros sitios de la Ciudad de Río Gallegos. En dichos lugares las redes de prostitución habían sentado nuevamente sus reales y reiniciado sus prácticas con renovados bríos. Fue necesario entablar una verdadera batalla cultural para persuadir a las autoridades locales y a la opinión pública de que se trataba de una actividad ilícita y gravemente discriminatoria contra la mujer en función de lo establecido en el art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y el Convenio contra la Trata de Personas y sobre la Represión de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por la ley 11925. Fue necesario destacar que cualquier intento de reglamentar el ejercicio de la prostitución y de la confección de registros y controles sanitarios de las personas que ejercen el meretricio estaba en abierta contradicción con las leyes nacionales y los tratados internacionales ratificados por nuestro país. También se dejó sentado que esto facilitaba la trata de personas con fines de explotación sexual vulnerándose así las disposiciones del llamado “Protocolo de Palermo” ratificado por la ley 25.632. En efecto, como bien se señaló en la Resolución 99/2009 de la Procuración General de la Nación el funcionamiento de los prostíbulos sirve de factor determinante para la estructuración de las redes de trata con las características que prevé el Protocolo de Palermo, ratificado por ley 25.632, y la ley 26.346.

    Cabe destacar que tanto la señora Juez Federal de Santa Cruz, Dra. Alvarez, como la señora Fiscal Dra. Kloster, fueron objeto de descalificaciones y ataques en el marco de una campaña de presión creciente por parte de los proxenetas y administradores de los locales clausurados tendiente a su reapertura. El objeto del recurso de apelación contra una decisión de la señora Juez Federal, Dra. Ana Cecilia Alvarez fue el de lograr que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia permitiera reabrir esa clase de locales. Destacamos que hicieron explícita y pública la finalidad que perseguían. Es decir que todos sabían que el propósito de esa reapertura era ilícito.
     
  • Esta Fundación denunció ante la Procuración General de la Nación que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había sido permeable a esos requerimientos toda vez que el día 15 de junio de 2011 ordenó el levantamiento de las clausuras y con lo que se daba vía libre al funcionamiento de los prostíbulos. Cabe destacar que esa medida fue recogida por la prensa local y la clase política local como autorización explícita del Poder Judicial de la Nación para que funcionen los prostíbulos en la Ciudad de Río Gallegos.

    Destacamos que nadie ignoraba ni negaba que esos locales eran prostíbulos y que recibían el antiguo nombre técnico de “casas de tolerancia”. Nadie se había escandalizado porque la Municipalidad de Río Gallegos había entregado en una suerte de leasing terrenos fiscales para que se construyeran y explotaran lupanares, cuestión esta que se encuentra acreditada en el expediente judicial. Es decir que el Estado, a sabiendas, proporcionaba los medios y el patrimonio público para que se pusiera en marcha una empresa criminal de la cual pensaba obtener provecho. Nada puede ser más destructivo desde el punto de vista de la moral pública (art. 19 C.N.). El Poder Judicial de la Nación, custodio del principio de legalidad (arts. 31 y 75 inc. 22 C.N.), declinó su responsabilidad histórica e institucional al revocar una decisión justa y oportuna de la magistrada de Río Gallegos.

    Tuvimos la esperanza de que este desaguisado fuera corregido en la Cámara Nacional de Casación Penal, pero hemos tomado conocimiento por medio de la prensa de que la Sala IV de ese Tribunal ha confirmado el 23 de octubre del corriente la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

    Entendemos que la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal tiende a habilitar el pingüe negocio de la explotación de la prostitución ajena en las llamadas casas de tolerancia, prohibidas de iure aunque autorizadas de facto en nuestro país.En este sentido la Fundación Alameda no puede dejar de manifestar que es un deber constitucional la represión del proxenetismo y la clausura de los prostíbulos para proteger los Derechos Humanos contemplados en la Ley Fundamental y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, a pesar del criterio contrario expuesto en un precedente aislado la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital in re “Rojas, Isabel y otros s/ procesamiento”, resuelta el día 19 de agosto de 2009 (causa n° 42.719).

    A este cúmulo de razones debemos reiterar nuevamente que nuestro país recibió del 6 al 11 de setiembre de 2010 la visita de la Relatora Especial de sobre Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, Joy Ngozy Ezeilo quien elaboró un duro informe sobre la forma en que las personas son capturadas por las redes de trata y explotadas en los prostíbulos. Entre esos prostíbulos se mencionan en el referido informe los ubicados en la Provincia de Santa Cruz (ver A/HRC/17/35/Add.4*, parágrafos 6 a 11). Una sentencia de esa naturaleza insiste en los males que fueron objeto de cuestionamiento internacional y pone en entredicho la buena fe de la República Argentina en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales (arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados).

    Esta fundación estima que el Ministerio Público Fiscal debe extremar sus recursos para que los males provenientes de situaciones de esta naturaleza sean conjurados en el marco de los principios enunciados en la Resolución n° 99/2009 y solicita, por tanto, se adopten los recaudos del caso. para la investigación de las eventuales responsabilidades de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación (art. 3° de la referida Resolución).

    Sin otro particular, saluda a V.E. muy atentamente,
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